Daniel Noboa elimina privilegios a funcionarios en Ecuador

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, eliminó la contratación de seguros privados financiados con recursos públicos, asimismo, limitó el uso de automóviles oficiales para las administraciones, al mismo tiempo, prohibió la compra de vehículos de lujo para las instituciones que no los necesiten.

“Se prohíbe expresamente la contratación de seguros privados de salud pagados por parte del Estadopara las y los servidores públicos con recursos del Estado”, expresó mediante un decreto que introduce al reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público.

En ese sentido, la compra de automóviles para los servidores públicos (automóviles regulares, minibuses para grupos o camionetas en el mundo rural) deberá ser aprobada por la administración, siempre y cuando sea en función de la disponibilidad presupuestaria.

Se prohíbe la compra de vehículos de alta gama […] La adquisición de los vehículos no especializados […] estará sujeta a la aprobación de la Secretaría General Administrativa de la Presidencia de la República“, se lee en el documento con base a la norma de los vehículos.

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La única razón que justifica la compra de vehículos de lujo es la seguridad. Es decir, automóviles blindados para transportar a determinadas autoridades y los vehículos especiales, como ambulancia o patrullas policiales, no necesitarán la aprobación de la Secretaría Administrativa.

Con base en los seguros de salud privada, sí mantiene la obligación de la administración de contratar coberturas sanitarias para viajes internacionales de empleados públicos.

Cabe destacar que, el decreto de Daniel Noboa modifica el Artículo 253 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, relativo a los seguros de salud; por otra parte, reforma el Decreto 457 emitido en 2022 por el expresidente Guillermo Lasso, correspondiente a evitar el derroche de dinero público.

Ambas modificaciones responden a la intención de Noboa de “optimizar el gasto público”, de acuerdo con el propio decreto, y asegurar que las “compras públicas” cumplen con los criterios de “eficiencia”, “transparencia”, “calidad” y “responsabilidad”.

 

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