Río de Janeiro enfrenta una de las jornadas más sangrientas de su historia reciente. La operación policial lanzada el martes en los complejos de favelas de la Penha y del Alemão dejó un saldo de 132 muertos, incluidos cuatro agentes, de acuerdo con el informe de la Defensoría Pública regional difundido este miércoles 29 de octubre.
La cifra (la más alta registrada en una acción de seguridad en la ciudad) fue confirmada luego de que habitantes de las zonas afectadas salieran a buscar a sus familiares desaparecidos y reunieran decenas de cuerpos en una plaza de la favela de la Penha.
Funcionarios de la Defensoría acompañan desde la madrugada las tareas de búsqueda e identificación de cadáveres en los institutos forenses. En un comunicado, el organismo anunció que ha recabado testimonios de familiares y vecinos para “contribuir a la necesaria respuesta institucional ante una violencia estatal sin precedentes”.
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Por su parte, el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, reconoció que, aunque las cifras oficiales del gobierno indican 58 fallecidos, éstas “seguramente cambiarán” conforme avancen las investigaciones.
Según las autoridades, la operación tenía como objetivo cumplir 100 órdenes de prisión contra miembros del Comando Vermelho, una de las facciones criminales más poderosas de Brasil. En el operativo participaron 2.500 agentes y decenas de vehículos blindados. El balance oficial reporta 81 detenidos, 93 fusiles incautados y media tonelada de drogas decomisadas.
ISSO FOI UMA CHACINA NO RIO DE JANEIRO, NUNCA UMA OPERAÇÃO. Ao menos mais 50 corpos encontrados.
CLÁUDIO CASTRO CRIMINOSO🎥 reprodução RaullSantiago pic.twitter.com/TnRk2DMEUU
— Jeje ✨ (@jejezaum) October 29, 2025
El enfrentamiento provocó bloqueos en calles, interrupción del tránsito de un centenar de líneas de autobuses y el cierre de escuelas y centros de salud en la zona norte de Río, que permanecen inactivos hasta el momento.
La magnitud de la violencia ha desatado fuertes críticas de organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, que exigen una investigación independiente para esclarecer los hechos y determinar posibles excesos en el uso de la fuerza.
