El pasado 23 de julio, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche presentó una solicitud ante la Cámara de Diputados para pedir el desafuero de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, senador y también dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Cabe destacar que, al priista se le imputan uso indebido de atribuciones y peculado por el presunto desvío de 83 millones 508 mil pesos. En la solicitud turnada a la Secretaría General de San Lázaro, se apuntan cuatro carpetas de investigación que involucran a Moreno Cárdenas.
En las carpetas, las cuales ya fueron judicializadas, se señalan diferentes tipos de corrupción en los cuales Alito Moreno, como gobernador de Campeche, podría haber tenido responsabilidad.
2) Las indagatorias apuntan a hechos ocurridos durante su gobierno en Campeche (2015-2019).
El caso incluye 4 carpetas de investigación judicializadas. Ya hay 17 personas implicadas vinculadas a proceso, entre ellas exfuncionarios. pic.twitter.com/n9cYQuNqyJ
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En las investigaciones están relacionadas otras 17 personas, entre ellas, exfuncionarios de la administración del líder del PRI, quienes ya fueron vinculados a proceso; otras dos de ellas obtuvieron un criterio de oportunidad ante la Fiscalía de Campeche para colaborar en las indagatorias.
La Fiscalía Anticorrupción de Campeche confirmó a través de sus redes sociales que la presentación de la “solicitud de declaración de procedencia”, mismas que pretende que la cámara baja, mediante la Sección Instructora, delibere retirar o no el fuero al senador campechano para enfrentar a la justicia.
Mexicanos contra la Corrupción obtuvo información sobre los casos señalados en las investigaciones, los cuales estarían vinculados al posible desvío de recursos mediante contratos de servicios o pagos sin sustento documental ni evidencia material.
En entregas anteriores, MCCI expuso una red de triangulación de recursos mediante compraventa de inmuebles en Campeche, en la que participaron Alito Moreno, su madre y su hermano.
También reveló un expediente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) que detalla transferencias millonarias de Emigdio Gabriel a Alito y la compra de propiedades en zonas exclusivas de la CDMX.
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Secretaría de Seguridad, bajo la lupa por contratos simulados y prestanombres
Con base en información contenida en las indagatorias, con recursos federales que recibió el gobierno de Campeche en la administración de Moreno Cárdenas fueron realizados pagos a dos personas que fungieron como prestanombres para desviar recursos con servicios simulados en la Secretaría de Seguridad Pública de Campeche (SSPCAM).
Ambas personas que facturaron servicios simulados eran personal de servicio de uno de los mejores amigos de Jorge “N”, quien fungió como titular de la SSPCAM durante la administración de Alito Moreno (2015-2019).
En sus declaraciones, ambos indicaron que les pagaron alrededor de 4 mil pesos a cambio de entregar su documentación personal, la cual más tarde fue ocupada para facturar los servicios que sumaron alrededor de 27.2 millones de pesos. Estos personajes obtuvieron un criterio de oportunidad con la Fiscalía de Campeche para colaborar con las investigaciones.
De acuerdo con información obtenida por MCCI, algunos contratos incluían conceptos como suministro de alimentos para policías en zonas remotas como Calakmul, mantenimiento de patrullas y de aires acondicionados, entre otros servicios difíciles de comprobar.
Las investigaciones señalan que no existe respaldo documental de dichos trabajos, y que los involucrados admitieron desconocer las facturas, cobros y servicios supuestamente prestados. La responsabilidad de Alito Moreno en este caso radica en que, como gobernador de Campeche, firmó un convenio federal que obligaba a usar con eficiencia los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), los cuales habrían sido desviados.
A inicios de julio fueron detenidos y vinculados a proceso por peculado tres exfuncionarios de la SSPCAM: Jorge “N”, extitular en la gestión de Alito; Samuel “N”, quien encabezó la dependencia en la administración posterior; y Karla “N”, exresponsable del área financiera. Todos enfrentan el proceso en libertad.
La responsabilidad del senador priista en el caso que involucra a quien fuera su secretario de Seguridad se da luego de que Alito Moreno como gobernador de Campeche firmó un convenio con las autoridades federales para que el uso de ese recurso, proveniente del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), se utilizara con eficiencia y eficacia, y no para que fuera desviado.
Empresa de buceo dio asesoría fiscal a la API de Campeche
Una empresa, cuyo objetivo social original era dar clases de buceo y tours turísticos en la zona de Cancún, dio asesoría en servicios jurídicos y fiscales a la Administración Portuaria Integral de Campeche (Apicam), ahora es parte de las investigaciones que involucran a Moreno Cárdenas por un posible desfalco de 23.8 millones de pesos.
Se trata de Comercializadora Karybek SA de CV que después modificó su nombre a C&N Consultoría & Estructura de Negocios del Sureste SA de CV. Con ambas razones sociales, la misma empresa se habría beneficiado de al menos tres convenios millonarios.
En junio de 2023, Latinus reveló que la empresa que hoy ofrece servicios jurídicos bajo el nombre de C&N Consultoría & Estructura de Negocios del Sureste, originalmente se llamaba Cozumel First Class y se dedicaba a clases de buceo y servicios marítimos.
6) La empresa Comercializadora Karybek SA de CV que después modificó su nombre a C&N Consultoría & Estructura de Negocios del Sureste SA de CV, se habría beneficiado de al menos tres convenios millonarios. pic.twitter.com/D7wqM6k05Y
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Fundada en 2007 en Quintana Roo, la compañía fue adquirida en 2009 por Ryan Elías Wismayer y Marilyn Abad Rivero. En 2014 cambió su nombre a Comercializadora Karybek y en 2016 modificó su objeto social, poco antes de ser contratada por la API de Campeche. En 2017 adoptó su denominación actual.
Ryan Elías es hermano de Rolando Elías Wismayer, exdiputado federal del Partido Verde Ecologista. No se halló evidencia documental que respalde los servicios jurídicos y fiscales supuestamente prestados, por lo que los recursos entregados a la empresa turística están bajo investigación.
En 2016, cuando se otorgó el primer contrato a la empresa de buceo, Alejandro Moreno Cárdenas, entonces gobernador de Campeche, también presidía la Junta de Gobierno de la Apicam, lo que lo relaciona directamente con el posible desvío de fondos. Actualmente, cinco personas, incluido Alejandro “N”, extitular de la API de Campeche, están vinculadas a proceso por este caso.
Gobierno de Alito Moreno benefició a televisora
En las investigaciones que involucran a Alejandro Moreno se encuentran contratos por su oficina de Comunicación Social para la televisora campechana “Mayavisión” por un total de 14 millones 157 mil pesos.
Por ello, la Fiscalía persiguió pagos frecuentes realizados a la televisora, cuya razón social es Difusión de Comunicación del Sureste SA de CV, la cual fue dirigida por el empresario Miguel Ángel “N”, de los cuales tampoco existen respaldos documentados o materiales.
Las autoridades consideran que la suma de esos pagos representa una “compra” encubierta por parte de la televisora. Dado que el área de Comunicación Social del gobierno de Campeche depende directamente de la oficina del gobernador, Alejandro Moreno es señalado como posible responsable de este presunto desvío.
Hasta ahora, Walther “N”, exjefe de esa área, fue detenido a principios de año y está vinculado a proceso, junto con otras dos personas, entre ellas Miguel Ángel “N”.
7) También se investigan pagos por 14.1 mdp desde Comunicación Social del estado a la televisora Mayavisión, sin respaldo documental. El titular del área Walther “N” fue detenido y se encuentra vinculado a proceso, así como Miguel Ángel “N”, quien dirigía la empresa. pic.twitter.com/7QwCHbPp2n
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Desvío de recursos del mercado de artesanías a particulares
Durante la administración de Alejandro Moreno se impulsó la construcción de un mercado de artesanías llamado Plaza Colosio que incluyó recursos del estado de Campeche, así como del gobierno federal.
El mercado tendría el propósito de apoyar a los artesanos locales para que ofrecieran sus productos. No obstante, esta intención se convirtió en un caso más de presunta corrupción para el erario.
Una carpeta de investigación señala que la Plaza Colosio, ubicada en la avenida Luis Donaldo Colosio en Campeche, fue construida en un terreno comprado a Miguel Ángel “N”, empresario y amigo de Alito Moreno, además exdirector de la televisora Mayavisión.
Según las indagatorias, el gobierno de Campeche, bajo Alito Moreno y a través de la Secretaría de Economía, adquirió el predio para construir la plaza, pero los locales comerciales, originalmente destinados a artesanos, fueron rentados a particulares.
Por estos hechos, seis personas fueron vinculadas a proceso por un desfalco de 18.2 millones de pesos, entre ellas Miguel Ángel “N”, beneficiario de la venta del terreno, y José Domingo “N”, entonces titular de Desarrollo Económico. Este fraude también afectó al Fideicomiso de Inversión del Impuesto del 2% sobre las nóminas del gobierno de Campeche, cuyos recursos fueron usados para la compra del terreno y la construcción de la Plaza Colosio.
9) La plaza terminó alquilada a particulares, aún cuando su propósito era beneficiar a los artesanos. Parte del dinero salió de un fideicomiso financiado con impuestos a la nómina estatal. pic.twitter.com/iep69IYCjW
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Con información de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
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